Imputados en la operación ‘Fresón’ por delitos de contrabando, contra la salud pública, contra el medio ambiente, contra la propiedad industrial, de estafa y otros contra los derechos de los consumidores, blanqueo de capital
La Guardia Civil ha detenido a 28 personas en distintas provincias, entre ellas Almería, en el marco de la denominada operación Fresón contra el uso ilegal de productos fitosanitarios, utilizados en el campo para el tratamiento de enfermedades de los vegetales y para combatir plagas de parásitos.
Según informa la Dirección General de la Guardia Civil en un comunicado, además de en Almería, las detenciones se han producido en las provincias de Barcelona, Tarragona, Valencia, Huelva, Murcia y Alicante .
Se les imputan delitos de contrabando, contra la salud pública, contra el medio ambiente, contra la propiedad industrial, de estafa y otros contra los derechos de los consumidores, blanqueo de capital y otras acciones ilegales de naturaleza económica.
Apertura de la investigación
La investigación arrancó en marzo de 2013 cuando los agentes de Huelva detectaron la posible comercialización de un producto presentado como abono, pero cuya naturaleza era la de un producto fitosanitario.
A raíz de ello se descubrió que esta misma actividad se estaba desarrollando en otras dos provincias, por lo que se pidió ayuda a la Unidad Central Operativa Medio Ambiental del SEPRONA de la Guardia Civil (UCOMA), que detuvo a varias personas en Almería, Barcelona, Murcia, Tarragona, Badajoz y Valencia. Más tarde, los agentes constataron que el fabricante de los productos que poseían varios detenidos en Badajoz se correspondía con la empresa investigada en Valencia como consecuencia del caso iniciado en Huelva.
La fábrica, una empresa valenciana de carácter familiar, movía miles de kilos de producto ilegal cada temporada con beneficios por cada litro de entre tres y diez euros.
Entre sus clientes tenía una importante comercial tarraconense que destaca por su implicación en la venta de productos ilegales que son utilizados en el Delta del Ebro para combatir la plaga del caracol manzana.
En la operación, se ha podido acreditar la línea completa de la actividad ilegal, desde el momento de la elaboración en Asia y la búsqueda de esas vías de contacto para proceder a la importación, hasta la posterior formulación y distribución en nuestro país.
Falta de seguridad
Su campo de actuación abarcaba desde la importación de productos prohibidos, generalmente principios activos para su formulación posterior, hasta la comercialización contraviniendo la normativa reguladora de la propiedad industrial. El uso de estos productos fitosanitarios exige estrictas medidas de seguridad, tanto en la aplicación -hay que estar en posesión del carné de manipulador-, como en los tiempos, lo que implica la prohibición de comercializar los productos agrarios en determinados plazos desde su uso.
Al no respetar las condiciones legales se pueden generar, entre otros, importantes perjuicios para el medio ambiente, por el riesgo de contaminación de los suelos de cultivo.
Noticia Extraida de: Almería360
